Un trabajador que hace huelga pierde tiempo trabajado, y por lo tanto, parte de su sueldo. Por lo tanto está generando un daño a su empleador, y el efecto colateral es una pérdida económica para él. Porque quiere enviar un mensaje: “yo tengo el poder, hazme caso”. Un estudiante que hace huelga a costa de ausentarse de sus clases, si no tiene ninguna contrapartida… ¿qué valor tiene ese acto? ¿son huelgas pijas? ¿o simplemente es un acto de colaboración secesionista (y por lo tanto sesgada) por parte de los rectores?
Se paran las empresas, se pierde dinero, se pierde competitividad, y si quieres “solidarizarte”, pues a perder unas cuantas asignaturas. Es el precio a pagar por ser “revolusionario” y no un simple pijo egoísta.
POSIBLE PREVARICACIÓN DE LOS RECTORES
Todas las universidades contemplan una evaluación única final para estudiantes que no pueden cumplir con la evaluación continua por motivos de salud o laborales, como es el caso de los deportistas de élite, siempre que sea en condiciones “debidamente justificadas”, pero los profesores consultados cree que son casos “excepcionales que no tienen que ver con faltar a clase por razones políticas”, algo que es, según Arenas, “un criterio de evaluación que está orientado ideológicamente”.
La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.