Fue el Ministerio de Presidencia quien, a través de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, remitió un oficio a la Audiencia Nacional proponiendo la subasta de los coches por un importe irrisorio. Una iniciativa que ha sido secundada por la Fiscalía y que la defensa de Aldama recurrió sin éxito aludiendo a que la decisión es “contraria al principio de legalidad” y que vulnera la presunción de inocencia. @elmundo