La empresa pública Correos ha ofrecido a sus clientes, a través de sus miles de oficinas, una de las balizas V16 más extrañas del mercado. No por el dispositivo en sí, similar a todos los otros casi 300 que ha homologado a toda prisa la Dirección General de Tráfico (DGT), sino por la empresa que lo suministra. Una sociedad que cerró 2024 al borde de la quiebra, con sede en una zona residencial de Madrid, con sólo dos empleados y cuyo administrador es una mujer que no ‘existe’ en los registros públicos. Su rastro llega hasta el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Mientras, la DGT recuerda que quien no haya comprado este cuestionado dispositivo se expone a ser multado. @theobjective