El modelo de inmersión lingüística, que establece el catalán como la lengua de uso vehicular en las aulas de escuelas e institutos, está cuestionado por la justicia desde hace más de una década. En su sentencia sobre el Estatut, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que el castellano debía tener un peso propio como idioma de uso en el sistema educativo catalán, y desde entonces los juzgados fueron dando dado la razón a muchas de las familias que exigían que a sus hijos e hijas se les ofreciese una escolarización bilingüe.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sentenció en 2014 que si un alumno lo solicitaba tenía derecho a que en su aula se impartiesen al menos el 25% de las asignaturas en castellano –lo que equivale a Lengua Castellana y una materia más–. Los años transcurrieron desde entonces con un goteo de sentencias favorables a las familias que lo pedían. Pero el cambio de escala se produjo en diciembre de 2020, cuando los magistrados de este mismo tribunal emitieron una sentencia en la que obligaban a todo el sistema educativo catalán a cumplir con este porcentaje “de manera efectiva e inmediata”. @Eldiario.

¿Tan grave es dar lengua castellana y otra asignatura más en castellano?