Está sucediendo en Torija, en Guadalajara, desde febrero. Fue cuando los empleados de una gasolinera situada en la A-2 a su paso por la localidad exigieron al propietario una mejora sustancial en sus condiciones laborales, que fundamentalmente apuntaba a un aumento de salario de 300 euros mensuales para cada uno de ellos, entre otras cuestiones.

La pesadilla comenzó seriamente el 26 de septiembre cuando Javier recibió un acta de denuncia de la Inspección de Trabajo, con una multa (la máxima para estos casos) de 7.500 euros, porque, debido a la ausencia de empleados por huelga, se había puesto a trabajar en su negocio. El requerimiento y la sanción se basaban en las respuestas de los trabajadores, quienes afirmaron que nunca había trabajado antes en la gasolinera, circunstancia que impide por ley hacerlo después.

Pero la denuncia se basaba en información de parte. La gasolinera es un negocio de más de 50 años, una empresa familiar que el padre le dejó a Javier («y yo le dejaré a mi hijo»), quien sí ha trabajado en ella y conoce a la perfección los distintos desempeños necesarios. Pero la Inspección de Trabajo, el Gobierno, solo tomó en cuenta las palabras de los siete trabajadores en huelga de un total de nueve. No preguntaron a los otros. Ni tampoco al resto de empleados de Javier en su otro negocio, un restaurante. @eldebate