El informe lo firma el jurista Pablo Feu y se apoya en el hecho de que el mercado inmobiliario no está garantizando impedir la especulación (como fija la Constitución en su artículo 47), ni vela por la cohesión social y evitar la dispersión (como indican regulaciones autonómicas o municipales). De ahí que, con el aval de las sentencias del Tribunal Constitucional a la intervención del mercado del alquiler, sugiera regular las compras como “medida urgente y excepcional, acotada a las zonas de mercado tenso y de manera limitada en el tiempo”. El estudio lo ha presentado la vicepresidenta del PEMB, Janet Sanz, de Barcelona en comú. A nivel político, en Barcelona, comunes y ERC piden esta regulación y han levantado la bandera de la llamada “fórmula Ámsterdam”, porque la ciudad holandesa ha aplicado un mecanismo con el mismo objetivo en varios de sus barrios. De hecho, el Ayuntamiento de la capital catalana tiene pendiente publicar un informe al respecto. @elpais
