La opacidad, el desconocimiento y la complejidad rodean la última reforma del IRPF que han hecho los Ministerios de Hacienda y Trabajo de tapadillo en una norma de Seguridad Social, que consiste en incluir una nueva obligación a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de una prestación por desempleo: presentar la declaración de renta. Esta nueva obligación supone, además, una subida de este impuesto para las rentas bajas, el colectivo más numeroso, de cerca de 12 millones de contribuyentes, y que afectará a un buen número de ellos, según su situación familiar y laboral, a partir del próximo 1 de noviembre. De entrada se trata de una subida del IRPF para parados, ya que muchos de ellos pasarán a pagar IRPF por la nueva obligación de presentar declaración de la Renta. Y es que, a diferencia de lo que ha sostenido el Ministerio de Trabajo, al meter en tarifa a contribuyentes que antes no tenían que declarar, ahora a muchos les saldrá a ingresar. Pero la reforma puede no quedarse aquí, ya que la literalidad de lo que ha publicado el BOE es que la obligación de declarar se extiende, además, a todos los trabajadores, lo que implica el final de los límites de 22.000 euros cuando el contribuyente recibe todas las rentas de un solo pagador y de 15.876 cuando percibe sus rentas de varios pagadores (siempre que el segundo más elevado supere los 1.500). Esto supondría que sean muchos más los afectados por una subida del IRPF de hasta 111 euros para un colectivo de rentas muy bajas. @vozpopuli