Ojo porque el titular suena apocalíptico, pero tiene un razonamiento detrás.

El terrible postulado de quitar a los parados su derecho a voto ha sido propuesto por el presidente de la Fundación Villacisneros Íñigo Gómez Pineda: «Partiendo de la base de que para gobernar en España se necesitan entre 10 y 11 millones de votos, y asumiendo que hay un alto porcentaje de conversión de votos hacia la izquierda desde la población con fuentes de ingresos únicos o sin ingresos, al actual gobierno le interesa claramente subir el porcentaje de este grupo de población. De esta manera pueden captar nuevos votos». @elplural

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«Y dejo una iniciativa en el aire. ¿No se podría pensar en que todo aquel que está subvencionado o pagado por el Estado pierda el derecho a voto? Ahí lo dejo».

Lo cierto es que las redes clientelares son un problemón. Además entre pensionistas, funcionarios, parados, etc… tienes a medio país dependiendo directamente del estado. Pero no es menos cierto que en el sector privado también hay redes clientelares e intereses electorales: si gana el PP, tal o pascual empresa se ve beneficiada (a cambio de puestos en esas empresas para los políticos cuando salen del estado).