El Gobierno podrá expropiar apartamentos, hoteles o chiringuitos en primera línea de playa a cambio de ceder a los propietarios su uso durante 30 años y, en determinados casos, más otros 30 años prorrogables. También limitará las concesiones para tener una actividad cerca de la costa a un máximo de 75 años.
El Ministerio para la Transición Ecológica avanza en la nueva modificación del Reglamento General de Costas para paliar el impacto del avance del mar, tras tumbar parte del texto el Tribunal Supremo el pasado enero por un defecto durante su tramitación. Por tanto, se prevé que el cambio siga la misma dirección que en la última reforma de 2022 y permita al Estado expropiar inmuebles y suelos en zonas en las que el agua come terrero a la tierra. Una actuación polémica para particulares, empresarios y municipios en la que el tribunal no entró.

Ernesto García-Trevijano Garnica, socio director de GTA Villamagna Abogados, explica a este diario que si una persona tiene un apartamento en la playa y avanza el nivel del mar, el Estado podrá determinar que el suelo en el que está el inmueble pasa a estar dentro de la línea marítimo terrestre y el inmueble pasa a ser de dominio público. @eleconomista