En la práctica, la medida auspiciada por Sumar -la marca con la que la vicepresidenta del Gobierno concurrirá a la comicios generales de finales de año- se podría aplicar en todas las grandes ciudades y afectaría aproximadamente a seis de cada 10 hogares españoles según la Ley de Vivienda aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados. La justificación que figura en el capítulo dedicado a esta materia, que ha elaborado Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, es que las restricciones a la adquisición de pisos ya se hacen «en algunos lugares de la Unión Europea», pero sin especificar con qué resultado. @elmundo