El denunciante, respaldado también por la responsable de Cumplimiento Normativo, sostiene que una presunta red integrada por antiguos altos cargos —con el foco puesto en el gerente que dirigió la institución durante 23 años, Juan Arroyo— habría desviado hasta 25 millones de euros en un periodo de 18 años mediante la manipulación de contratos públicos. @elespanol