En lo que llevamos de mes de febrero, el Gobierno ha defendido o tomado dos decisiones relativas al uso de la mascarilla contrarias entre sí, porque el día 1 pidió la autorización del Congreso para prorrogar la obligación de llevarla también por la calle y el día 8 aprobó un decreto para justo lo contrario. Sin embargo, tienen en común que ninguna de las dos ha pasado por el canal por el que se toman -o deberían tomarse- las decisiones relacionadas con la Covid dentro del entramado del Consejo Interterritorial de Sanidad. Han sido más bien decisiones políticas y el dictamen final, el que se tome en su momento para derogar la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados, también queda de momento fuera del alcance de los expertos en Salud Pública porque no figura en el protocolo de “gripalización” para afrontar la siguiente fase de la Covid. @20minutos

Enviado por @norutunam.