El Parlamento de Italia dio un golpe sobre la mesa este miércoles con el objetivo de poner punto y final a la okupación que asola al país. En concreto, la Cámara de Diputados endureció el delito por la «okupación arbitraria de un inmueble destinado al domicilio de otros», por el que se podrá imponer condenas de cárcel. Esta nueva normativa, que viene fraguando el Ejecutivo de Meloni a fuego lento desde hace meses, establece penas de entre dos y siete años de cárcel para los okupas, al mismo tiempo que se facilitará la devolución de los domicilios a sus correspondientes dueños. @eldebate