El abogado Ramón Alén expuso, en declaraciones a La Tribuna, que se trata de una sentencia que remarca la situación familiar de las personas implicadas, que, actualmente, mantienen la convivencia, tres años después de la denuncia, y que tienen una hija en común, nacida poco después de que se denunciara su unión. Esto muestra «lo importante que es agotar las vías judiciales» porque con estos recursos han logrado aliviar «la angustia de estas familias, una de raza gitana», que se habían unido y que llevan tres años en tribunales.

Alén puntualiza, además, las dificultades que entraña en algunos ámbitos de la sociedad el cambio legal practicado que eleva de 13 a 16 años de edad que el consentimiento sexual sea válido. Ocurre en un momento en el que el inicio de la sexualidad se adelanta y que llegan personas de culturas diferentes donde se asumen matrimonios a los 14 años. «Hay una falta de sintonía entre lo que es la realidad social, que nos está diciendo que cada día los jóvenes tienen acceso a las relaciones plenas sexuales, y una legislación que de golpe, de la noche a la mañana, pasa de 13 a 16 años en que se puede presumir el consentimiento», indicó. @latribunadeciudadreal