Tras más de una década de ‘procés’ en que el debate político giraba casi en exclusiva en torno a la independencia, en Catalunya vuelve a hablarse de la financiación de la Generalitat. La primera señal la dieron los acuerdos de ERC y Junts con el PSOE para desencallar la investidura, que incluían demandas para reducir la deuda de la administración catalana y mejorar sus ingresos. La segunda señal ha llegado este lunes desde el Parlament: la comisión de estudio de la deuda ha aprobado un documento que reclama al Estado 456.000 millones de euros en concepto de «deuda histórica» y también una «ley de financiación singular para Catalunya». @elperiodico