La razón más reciente es la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos para animales, cuyo objetivo es la implantación de Presvet, un sistema que exige el registro de antibióticos a los veterinarios para controlar la resistencia a los antimicrobianos y que, según afirma el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, «ha marcado un antes y un después en el ejercicio de la profesión». Se explican: «Lo que para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) supone un avance hacia un uso más responsable y trazable de los medicamentos, especialmente de los antibióticos, para buena parte del sector se ha traducido en un escenario de tensión, inseguridad y conflicto diario en la práctica clínica».

Así lo describe Rebeca: «Si ya de normal estamos estresados y la carga de trabajo es brutal, al sumar una gran carga burocrática que, además, nadie entiende, pues imagínate… Al final el decreto te obliga a manejarte entre la ética profesional y la legalidad porque cada vez que viene un perro tengo que asegurar qué antibiótico darle según la ley, y no suele coincidir con el críterio clínico». Un panorama que ha propiciado el nacimiento de asociaciones que defienden una iniciativa legislativa popular (ILP) para derogar el decreto en cuestión, como VetsUnidos y VetsWarriors, y hasta la formación de un comité de crisis del que también forma parte la Organización Colegial Veterinaria (OCV) que aspira a agitar a los colegios profesionales y a generar diálogos con la Admnistración. @elmundo