El fiscal acusa a Pierre de mantener a los repartidores bajo un modelo de falsos autónomos pese a la Ley Rider y el fallo del Tribunal Supremo, que lo prohibió ya en 2020. El ministerio público consideró «indiscutible» que los riders son empleados por cuenta ajena, por lo que pidió la imputación de Pierre, que podría enfrentarse a un pena de hasta seis años de prisión. @eleconomista