La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha enviado un escrito a la Fiscalía, firmado por su director general Jesús Martín, en el que ha solicitado que se “abra las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia” que podría “incurrir en el delito regulado en artículo 510.2 del Código Penal”. @publico