Pasada la campaña electoral, que veta cualquier anuncio por parte de las administraciones, este viernes han llegado dos de calado en el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda: eliminar todos los pisos turísticos en la ciudad dentro de cinco años, y la modificación de la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social. Las dos medidas necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC. Otra cosa será el frente judicial que con toda probabilidad abrirán los propietarios de licencias de viviendas de uso turístico o su patronal, Apartur.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha celebrado que la ciudad ganará “el equivalente a fabricar 10.000 pisos” de uso residencial. Y sobre la posibilidad de tener que indemnizar a los propietarios de pisos turísticos que perderán su licencia, ha recordado que el decreto de la Generalitat contempla que los cinco años de plazo actúen como indemnización.
En el caso de los pisos turísticos, el horizonte para extinguir licencias es el mes de noviembre de 2028, y se actualizará el Plan de Alojamientos Urbanísticos, pero “estas actividades acabarán su vida útil y en la revisión no habrá la categoría de pisos turísticos”. Es decir, la fórmula no pasa por establecer cuántos permite la ciudad, sino extinguir las licencias. @elpais
Un gran día para las hoteleras. Esas 10.000 plazas se tendrán que compensar con nuevos hoteles.
