Los festivales de música se han convertido en el gran atractivo del ocio entre los españoles y en reclamo para el turismo internacional. Es un negocio multimillonario -se calcula que, sólo de la venta de entradas, factura más de 300 millones de euros anuales– que deja cuantiosos beneficios económicos directos e indirectos en las ciudades que los albergan en todo el territorio nacional. Pero el auge de los últimos tiempos y la concentración de la organización de los eventos en cada vez menos empresas promotoras está derivando en una serie de prácticas generalizadas que atentan contra los derechos de los consumidores y que se desarrollan todos los veranos ante la pasividad de las autoridades autonómicas y locales. @elmundo
